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Lo esencial en 30 segundos
El 18 de agosto de 2026 el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, radicó en el Senado el proyecto conocido como Ley de Competitividad: 79 artículos cuyo objeto declarado es reducir cargas administrativas innecesarias o desproporcionadas y simplificar la relación de las personas y las empresas con el Estado.
Tres ideas resumen el articulado:
Principio de "una sola vez": una entidad pública no podría volver a pedirle un documento o un dato que ya reposa en otra entidad y que puede consultarse por interoperabilidad.
Expediente Único Empresarial Digital, apoyado en el fortalecimiento de la Ventanilla Única Empresarial (VUE) y, en comercio exterior, de la VUCE.
Control proporcional al riesgo: no se eliminan los controles de salud, seguridad, ambiente y protección de terceros; se cambia la forma de hacerlos.
Y la advertencia que conviene repetir: esto es un proyecto de ley, no una ley. Debe surtir cuatro debates y sanción presidencial. Hoy no le cambia ni un trámite.
1. Qué se radicó exactamente
El proyecto llegó al Senado el martes 18 de agosto de 2026. Según la exposición de motivos citada por la prensa económica, la iniciativa ataca problemas de trámite muy concretos: información que se pide varias veces, documentos que el propio Estado ya tiene, procedimientos que se adelantan de forma secuencial sin necesidad, requerimientos sucesivos, controles que no diferencian el nivel de riesgo y sistemas públicos que operan como compartimentos separados.
El ministro lo resumió en una frase que ya circula: quieren "destrabar la permisología".
El foco declarado son las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que menos capacidad tienen para absorber el costo y el tiempo de la tramitología.