Informe técnico tributario | Concepto profesional. Elaborado por Aldo Alfonso Cabarcas Gómez, Contador Público — T.P. 148225-T. Con el auspicio institucional de GRACIA ERP S.A.S. Fuente normativa citada por el autor: Decreto Legislativo 1413 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica, social y ecológica por el sismo del 10 de agosto de 2026. Contenido informativo; no constituye asesoría.
1. Marco normativo y naturaleza jurídica
El Decreto 1413 de 2026 es un decreto legislativo expedido por el Presidente de la República con la firma de todos sus ministros, en desarrollo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 1261 de 2026 (19 de agosto), modificado por el Decreto 1348 de 2026 (31 de agosto). Se apoya en el artículo 215 de la Constitución Política y en el artículo 47 de la Ley 137 de 1994.
Por su naturaleza, es una norma con fuerza de ley de vigencia temporal, sujeta a control automático de constitucionalidad por la Corte Constitucional. Sus beneficios tributarios cesan, por mandato del propio artículo 215 constitucional, al término de la vigencia fiscal siguiente.
2. Objeto y ámbito territorial
Crea un régimen excepcional y transitorio de incentivos para promover nuevas inversiones privadas que contribuyan directamente a la reconstrucción, recuperación y reactivación económica de los territorios afectados por el sismo (art. 1).
Ámbito territorial (art. 2): los municipios comprendidos en el artículo 1 del Decreto 1261 de 2026, modificado por el 1348 de 2026 —los dieciséis departamentos afectados: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Santander y Caquetá—, incluidos los que se incorporen después mediante decreto legislativo. Solo son computables las inversiones efectivamente realizadas dentro de esas zonas y las rentas directamente atribuibles al proyecto calificado (parágrafo 3, art. 3).
3. Beneficiarios y requisitos generales (art. 3)
Pueden acogerse los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes, que realicen nuevas inversiones en el ámbito señalado y cumplan simultáneamente:
Ejecutar una nueva inversión igual o superior al monto mínimo del sector correspondiente (art. 5).
Destinarla a activos de propiedad, planta y equipo productivos —o con potencialidad de serlo— o a obras de construcción, rehabilitación o reconstrucción autorizadas.
Acreditar generación de empleo directo asociado al proyecto.
Iniciar la ejecución dentro de los doce (12) meses siguientes a la declaratoria del Decreto 1261 de 2026.
Obtener la calificación del proyecto (art. 6).
Mantener contabilidad y trazabilidad suficiente para identificar inversión, activos y rentas atribuibles.
Concepto de nueva inversión (parágrafos 1 y 2): es la destinación adicional y efectiva de recursos no ejecutada ni comprometida jurídicamente antes de la vigencia del decreto. No la constituyen la simple adquisición de activos entre vinculados, las reorganizaciones sin destinación adicional de recursos, el traslado de activos preexistentes a la zona ni la compra de empresas en funcionamiento sin inversión adicional. La distinción es crítica en fiscalización.
4. Sectores y montos mínimos de inversión (art. 5)
Los umbrales se expresan en UVT y equivalen (UVT 2026 = $52.374) a:
Turismo: 950.000 UVT — ≈ $49.755,3 millones
Agroindustria: 1.100.000 UVT — ≈ $57.611,4 millones
Construcción: 1.100.000 UVT — ≈ $57.611,4 millones
Industria manufacturera: 2.350.000 UVT — ≈ $123.078,9 millones
Servicios: 2.350.000 UVT — ≈ $123.078,9 millones
Exclusiones: minería, comercio mayorista y minorista, actividades inmobiliarias, administración pública, hogares como empleadores y educación. También quedan por fuera los proyectos de recursos naturales no renovables y de petróleo (parágrafo 3, art. 5). La reconstrucción de infraestructura educativa dañada sí puede acogerse por la vía del sector construcción, aunque no la operación educativa como tal.
Construcción (parágrafo 2, art. 5): solo computan las inversiones en edificación, rehabilitación, reconstrucción o reposición de inmuebles afectados por el sismo y las obras de infraestructura en el ámbito territorial que contribuyan a la recuperación derivada de la calamidad.